En este contexto, instó a Estados Unidos a dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela y abstenerse de tratar de transformar el territorio venezolano en un escenario bélico para los intereses de las corporaciones transnacionales como Exxon Mobil y el complejo militar industrial de su nación: «No buscamos ni buscamos disputas, pero tampoco toleraremos que intereses foráneos intenten reconfigurar la realidad acerca de nuestro Esequibo. Ese territorio es y continuará siendo venezolano, y su restauración se llevará a cabo bajo el único marco legal: el Acuerdo de Ginebra de 1966.
«La Ley suprema sostiene que la gestión de justicia asegura el principio de legalidad, salvaguarda y resguarda los derechos humanos y asegura el acceso a la justicia a través de la aplicación de la ley en los asuntos o procedimientos de su jurisdicción», garantizó el legislador.
Además, añadió que la Constitución especifica las condiciones, restricciones y responsabilidades de los 10 jueces y juezas en uniforme de género, “además de la inclusión de las salas de la Corte Suprema de Justicia; la presidencia de la República designa al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quienes son juramentados por la Asamblea Nacional”.
El recién aprobado marco jurídico define la estructura, organización y operación del sistema judicial.
En este contexto, las leyes aseguran el acceso, la transparencia y la gratuidad en la administración de justicia, así como el respeto a los principios rectores, garantías constitucionales y leyes por los entes que constituyen el sistema de justicia.
Fuente: teleSUR