La fiscal general Diana Salazar concluye su mandato el 8 de abril, tras seis años desempeñando sus responsabilidades. Aún no cuenta con un sustituto, por lo que existe una expectativa acerca de una posible prolongación. Se encuentra en sus manos la decisión de permanecer en el puesto o dimitir, y se dará a conocer mañana, a cinco días de la segunda elección presidencial, donde se enfrentarán Daniel Noboa y Luisa González.
Aunque la Fiscalía debería ser un ente autónomo, la política ha estado inclinada a criticar o aplaudir las labores de Salazar. Su labor ha buscado ser valorada en lugares como la Asamblea Nacional, a través de juicios políticos; y también en evaluaciones realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En el panorama electoral presente, ¿hasta qué punto es beneficioso para Salazar mantenerse al mando de la Fiscalía y cómo sería su relación con las dos posibles candidaturas presidenciales?
El correísmo tendría una Fiscal incómoda
Las resoluciones que obtuvo la fiscal Diana Salazar en contra de Rafael Correa, Jorge Glas y otros miembros de la Revolución Ciudadana, la posicionaron como adversaria del correísmo.
En el caso de los sobornos, Salazar evidenció que hubo contribuciones irregulares a la campaña del movimiento Alianza País, realizadas por empresas estatales como Odebrecht, Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Consermin, Equitesa, entre otras. La justicia declaró responsables de cohecho tanto al exmandatario Correa como al exvicemandatario Glas.
Además, se encuentra el caso Odebrecht, en el que Glas ha sido sentenciado y ejecutoriado, y el caso de Reconstrucción de Manabí, donde ha sido imputado.
El correísmo indica a Salazar por persecución judicial o lawfare, especialmente en relación al caso Sobornos, afirmando que el oficial puso en marcha evidencias para imponer una teoría.
En 2024, el grupo parlamentario de la Revolución Ciudadana (RC) buscó juzgar políticamente a la funcionaria, sosteniendo incumplimiento de funciones debido a: demoras en las investigaciones sobre el caso León de Troya, Encuentro e INA Papers, vacunados VIP; por no evitar homicidios de fiscales; e anomalías en el caso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
El procedimiento se archivó definitivamente en septiembre del año previo, sin embargo, amenazaba la partida de la funcionaria en medio de estudios de los casos Metástasis, Plaga y Purga, que por primera vez mostraron la penetración del narcotráfico en el ámbito judicial y político.
En ese escenario, si Luisa González obtiene la Presidencia, no es beneficioso para ella que Salazar siga liderando la Fiscalía. De igual forma, tampoco beneficia a la Fiscal que la entidad política tenga control sobre los fondos asignados, a través del Ministerio de Finanzas, y la colaboración con la Policía Nacional, subordinada al Ejecutivo, para las operaciones que lleva a cabo.
Además, se podría limitar la labor de la fiscal desde la supervisión de los Ministerios o cuestionar su labor desde el Legislativo, aunque ya no se podría iniciar un juicio político debido a las mismas razones del proceso previo. En la nueva Asamblea, resulta prácticamente imposible que se realice ese proceso debido a la falta de votos necesarios para ADN y la Revolución Ciudadana.
Por lo tanto, si esto se materializa, Salazar podría perder sus derechos a participar en política durante dos años.
El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas Chaves, sostiene que los procedimientos de control a las autoridades en puestos deben ser transparentes y con el objetivo de valorar a un empleado público, no por motivos de revancha política.
Próximos casos contra miembros de la Revolución Ciudadana, podrían ser favorables para Noboa
El caso Ligados se definirá en los meses venideros, donde se están indagando los exconsejeros de Participación Ciudadana y Control Social, quienes formaban parte de la Liga Azul, promovida por la Revolución Ciudadana.
Adicionalmente, se lleva a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Triple A, por su presunta infracción de almacenamiento, transporte, empaque, venta o distribución ilícita de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.
Este último, específicamente, surgió de imputaciones del Gobierno de Noboa contra Álvarez, con quien los conflictos han sido constantes.
El reemplazo de la Fiscal, en manos del Cpccs
El Consejo de Participación Ciudadana está a cargo de nombrar al sucesor de Diana Salazar. Aún se demorarán varios meses en materializarse el concurso, ya que apenas se ha aprobado el reglamento y se ha convocado a la formación de la veeduría.
Similar a otros competencias, puede verse afectado por conflictos internos, medidas de protección o la intervención de otras autoridades estatales.
«Si Diana Salazar abandona la Fiscalía, no debería perjudicar ni beneficiar a ningún grupo político, ya que las responsabilidades del Fiscal General del Estado son gestionar de manera imparcial las investigaciones preprocesales penales, formular acusaciones contra los acusados, llegar a la fase de juicio para presentar sus alegatos, entre otras responsabilidades que debe cumplir para realizar las investigaciones penales en Ecuador», sostiene la analista política Madeleine Molina.
Fuente: Ecuavisa